El reconocimiento constitucional de los derechos de la niñez, que es promovido por la iniciativa popular de la norma N° 11.402, y el derecho y deber preferente de madres y padres a orientar y educar a sus hijos e hijas no son contradictorios y su disputa es ilusoria.

Soñamos con un país con niños, niñas y adolescentes (NNA) reconocidos y protegidos en su proceso de desarrollo. Y, con un Estado, familias y una sociedad garante de sus derechos.

Las familias cumplen un rol fundamental para orientar el ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia, mientras que el Estado debe velar por el fortalecimiento de las diversas familias que habitan nuestro país. Para que esto sea posible, adquiere centralidad, además, asegurar un piso de protección social universal, educación y salud para niños, niñas y adolescentes y sus familias/cuidadores/as; o lo que algunos hemos denominado la consolidación de un Estado de Bienestar Social con rostro de niñez.

El reconocimiento de la niñez y adolescencia como sujetos titulares de derechos, no implica poner en entredicho la autoridad de los adultos que tienen la responsabilidad de cuidarles. Escuchar e incluir las múltiples voces de la niñez y la adolescencia no significa apoyar acríticamente sus opiniones, ni obedecer ciegamente sus deseos, si no que construir una práctica de diálogo intergeneracional entre niños, niñas y adultos de distintas edades, con el fin de desarrollar una cultura de respeto y de buen trato.

En esta misma línea, estudios interdisciplinarios internacionales de la infancia plantean que la autonomía progresiva de los NNA se construye relacionalmente; comienza desde las familias y no contra ellas. Para que pueda tener lugar el desarrollo progresivo, los NNA requieren del acompañamiento y orientación de los adultos. Y, las familias necesitan ser acompañadas y apoyadas por un Estado que las protege y las cuida.

Concebir los derechos de padres/madres/cuidadores/as e hijos/as en una relación de oposición, implica no comprender a cabalidad el espíritu y la perspectiva integral, relacional y ecológica emanada de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Por último, la situación de la niñez está inherentemente ligada a todas las aspiraciones que acompañan a los adultos: se vincula con los problemas de educación, salud, trabajo y seguridad social, entre otros.

Aceptar al niño/a y adolescente, sujeto de derechos, implica reconocerlos como actores claves si queremos alcanzar una vida digna de ser vivida y reducir las desigualdades entre los hijos e hijas de Chile.

La creación de una nueva constitución se trata de una oportunidad para fortalecer nuestra democracia que, junto a la paridad de género y la participación de los grupos originarios, reconozca los derechos de la niñez.

Noruega, uno de los mejores países para ser niño/a en el mundo -según la revista Lancet y la UNICEF- cuenta con una Constitución Política que reconoce el derecho de la niñez a ser respetado, escuchado y protegido.

Invito a todos los padres, madres y cuidadores a no tener miedo y a apoyar la iniciativa popular de norma que busca reconocer y consagrar los derechos de niños, niñas y adolescentes en la nueva Constitución Política de la República.

Mahia Saracostti
Directora Cátedra UNESCO Bienestar de la Niñez y la Juventud, Educación y Sociedad,
Investigadora Núcleo Científico-Tecnológico en Ciencias Sociales y Humanidades, UFRO
Consejera Defensoría de la Niñez