El modelo proporcionará asesoría profesional a progenitores separados o divorciados en situación de alta conflictividad. Beneficiarios de la inédita iniciativa pertenecen a las comunas de Angol, Victoria y Pucón.

Implementar una estrategia alternativa de resolución de conflictos parentales para favorecer el bienestar de niñas, niños y adolescentes, es el objetivo del proyecto piloto de “Coordinación de Parentalidad” en La Araucanía que lanzó la Universidad de La Frontera en conjunto con la Corte de Apelaciones de Temuco.

En específico, el proyecto se denomina “Coordinación de parentalidad para los tribunales de familia de Chile. un modelo sociojuridico de intervención especializada” y será ejecutado por profesionales del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de La Frontera liderados por la Dra. Cecilia Mayorga Muñoz.

El proyecto piloto tendrá una duración mínima de 12 meses y máximo de 18 meses, y en él participarán académicos del Departamento de Trabajo Social y consejeras técnicas de los tribunales de familia de Angol, Victoria y Pucón.

El objetivo del modelo a desarrollar, es proporcionar asesoría profesional, por parte de trabajadores sociales y/o mediadores, a progenitores separados o divorciados en situación de alta conflictividad, a través del diseño e implementación de un plan de co-parentalidad, con el fin de reducir el conflicto parental, favoreciendo la crianza compartida y el bienestar integral de los hijos.

Los beneficiarios del plan piloto, serán familias separadas y/o divorciadas de las comunas de Angol, Victoria y Pucón.

“Creo que esta alianza, que se solidifica cada día más entre la UFRO y la Corte de Apelaciones, permite avanzar en torno a la resolución de conflictos, sobre todo si involucra a niños y adolescentes, lo cual significa pasos agigantados para la sociedad”, indicó el Rector de la Universidad de La Frontera, Eduardo Hebel Weiss.

“La coordinación de parentalidad está centrada en un conflicto que tiene impacto en la vida de los niños, niñas y adolescentes, y esto busca ser una solución alternativa pacifica, para mantener al margen al niño de cualquier daño que pueda sufrir. Es importante trabajar en esta lógica, que forma la base de lo que va a garantizar la estabilidad emocional y material de los niños”, señaló el presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Alberto Amiot Rodríguez.

En tanto, la Dra. Cecilia Mayorga Muñoz, puntualizó que este “es un proyecto muy importante que demuestra que se puede hacer innovación social y desarrollar iniciativas novedosas desde las regiones, y tener un impacto al entregar asesoramiento profesional a parejas en situación de divorcio conflictivo, beneficiando a la familia directamente y al entorno en el que se desenvuelve dicha familia”.

El divorcio es un proceso psicosocial y ecológico, cuando esto ocurre sobreviene una crisis no normativa en el contexto familiar que modifica las pautas relacionales que hasta ahora se daban en el sistema familiar. Y en muchos casos, especialmente al inicio, este proceso está influido por el conflicto de los ex cónyuges. Dicha conflictividad afecta las negociaciones respecto del cuidado y responsabilidades para con los hijos/as. Este conflicto puede extenderse en el tiempo y variar en intensidad, lo que sin duda impactará en la crianza compartida que ambos progenitores deben continuar desarrollando.

Este acontecimiento constituye un problema relevante toda vez que afecta el bienestar integral de los hijos e hijas menores de edad, pues debiendo ser el espacio familiar y en específico las figuras significativas, fuentes de contención, protección y seguridad emocional, no pocas veces los hijos/as se ven en medio del conflicto expuesto de sus padres.

A nivel de impacto, la implementación de este modelo de intervención especializada, permitiría reducir los tiempos en los procesos judiciales en materia de cuidados personales, relación directa y regular y el reingreso al sistema por incumplimiento de las medidas.

Escrito por: Sergio Valenzuela Sanzana
Dirección de Comunicaciones