En Chile, universidades estatales y privadas compiten por estudiantes, académicos y financiamiento, pero enfrentan condiciones administrativas diferentes. Mientras las privadas disponen de mayor flexibilidad, las estatales están sujetas a normas y controles que pueden encarecer su funcionamiento.
El problema no es la fiscalización, indispensable para garantizar transparencia y probidad, sino la rigidez de procedimientos que dificultan contrataciones, adquisiciones y ejecución de infraestructura. Un ejemplo es el sistema de compras públicas, operado mediante Mercado Público. Sus procedimientos pueden convertirse en un cuello de botella para adquirir equipamiento científico, insumos de laboratorio, pasajes o servicios especializados que requieren respuestas oportunas.
Una alternativa sería establecer para las universidades estatales un régimen diferenciado de compras y gestión administrativa, adecuado a su misión de docencia, investigación y vinculación con el medio. Esto permitiría procedimientos más ágiles para necesidades académicas y científicas, con exigencias proporcionales al monto y al riesgo, manteniendo plenamente los principios de transparencia, probidad y rendición de cuentas. Esta diferenciación reconocería que las universidades estatales deben responder a exigencias públicas, pero también necesitan operar con la oportunidad que demandan la investigación y la formación profesional.
Cada demora tiene consecuencias: una compra postergada puede detener un laboratorio; una contratación tardía puede retrasar una investigación; y una obra que no se ejecuta oportunamente puede terminar costando bastante más. A ello se suma el tiempo que académicos y funcionarios destinan a gestiones administrativas en lugar de sus funciones principales.
Una reforma específica para las universidades estatales podría liberar recursos sin aumentar el gasto fiscal. Si el Estado reduce su financiamiento, pero simultáneamente disminuye costos burocráticos, parte de esos recortes podría compensarse. La magnitud del ahorro, sin embargo, debe evaluarse con evidencia.
Muchas de estas restricciones escapan a las atribuciones universitarias y requieren modificaciones normativas desde el nivel central. Por ello, una política de austeridad dirigida a las universidades estatales debería acompañarse de una modernización de su régimen administrativo. Reducir burocracia, sin debilitar los controles, también es una forma de fortalecer su financiamiento.
Dr. Adison Altamirano Navarrete
Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambiente
Universidad de La Frontera
