La “Manada Chilena” en 2018, la “Manada de Cobreloa” en 2024, el caso en la Universidad de San Sebastián de Concepción en marzo de este año, y ahora el de los marinos en Rapa Nui. Cada vez que una noticia de violación grupal irrumpe en la agenda, ninguna mujer en Chile puede permanecer indiferente. Nos conmueve y nos interpela. Pero también deberíamos preguntarnos algo más incómodo: ¿cuánto sabemos realmente sobre la violencia sexual que ocurre en nuestro territorio? Pues bien, lo que sabemos es grave. Según la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2024 se registraron 4.542 denuncias por violación, 13.868 por abuso sexual, 1.802 por acoso sexual y 1.224 por otros delitos sexuales. APROFA lo traduce en una cifra difícil de procesar: 58 agresiones sexuales al día, una cada 25 minutos. A ello se suma la información entregada este año por la Defensoría de la Niñez, que muestra un aumento de 46,4% en las víctimas de violencia sexual infantil respecto del período anterior.
Sin embargo, estos números esconden más de lo que muestran. Son registros policiales, no estimaciones de prevalencia y dan cuentan de hechos que llegaron a conocimiento de las instituciones, no cuántas mujeres han vivido violencia sexual, hayan denunciado o no. Además, al agrupar las violaciones con otros delitos sexuales, resulta imposible distinguir las características de cada uno y dimensionar su gravedad. Y hay un problema adicional que es que estamos a fines de 2026 y todavía analizamos datos de 2024.
Desde el Observatorio de Equidad en Salud según Género y Pueblo Mapuche de la Universidad de La Frontera llevamos años siguiendo esta información y chocando con el mismo obstáculo: datos estatales tardíos, poco desagregados y de escasa pertinencia para comprender las experiencias de las mujeres en Chile. Sin una mirada regional y territorial, los indicadores generales terminan usándose como si, por sí solos, describieran la realidad de todas. Esa limitación tiene consecuencias concretas. Con la información disponible no es posible dimensionar la violencia sexual que afecta a las mujeres indígenas ni lo que ocurre en los espacios rurales. Y sería un error leer ese vacío como ausencia de violencia. Es, más bien, una brecha de conocimiento que exige una respuesta institucional.
¿Qué proponemos? Dos herramientas distintas y complementarias. Por un lado, encuestas periódicas de prevalencia, que permiten aproximarse a las experiencias que nunca llegan a una denuncia. Por otro, registros administrativos oportunos y desagregados por territorio, edad y pertenencia cultural, que muestren cómo responde el Estado frente a los hechos que sí se denuncian. Necesitamos ambas para conocer tanto la respuesta institucional como la magnitud de la violencia que permanece fuera de los registros. Desde una perspectiva de derechos humanos, la invisibilidad estadística no es un asunto meramente técnico. Lo que no se mide no se puede exigir, ni prevenir, ni evaluar. Sin datos adecuados, el Estado no rinde cuentas y las políticas públicas avanzan a ciegas.
Las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencia y a contar con información pública que nos permita reconocerla y enfrentarla. Producirla y comunicarla con oportunidad, pertinencia territorial y perspectiva de género es una responsabilidad del Estado. La conmoción ante cada nuevo caso no puede ser lo único que nos mueva.
El silencio estadístico no puede seguir siendo la respuesta.
Dra. Lucy Ketterer Romero
Coordinadora del Observatorio de Equidad en Salud, Género y Pueblo Mapuche
Universidad de La Frontera.
