¿Cuánta administración necesita una universidad?

La educación superior chilena crece. En 2025 la matrícula total alcanzó 1.455.639 estudiantes, un 5% más que el año anterior, y las universidades concentran el 59% del total. Se registraron 329.011 titulaciones, la cifra más alta desde que existen registros del Servicio de Información de Educación Superior (SIES). La subsecretaria del área valoró el avance, pero recordó que el 55% de quienes ingresan no se titula a tiempo. En 2023 el sistema llegó 88.898 académicos.

Cuando pensamos en la Universidad, olvidamos que para desarrollar las instituciones en todas las funciones que les son propias, existen amplios equipos de profesionales, técnicos y funcionarios que hace posible que toda la vida universitaria se desarrolle con normalidad. Eso incluye los procesos de admisión, apoyos estudiantiles, planificación del pre y postgrado, gestión financiera, aseguramiento de la calidad, vinculación con el medio e investigación. La labor de este personal de apoyo es indispensable y reconocerlo es el punto de partida de cualquier conversación seria sobre dotación de personal en las universidades chilenas.

Un estudio del Observatorio de la Educación Superior de la Universidad de la Frontera, elaborado en 2024, aporta datos de interés. Entre 1993 y 2016, las universidades del Consejo de Rectores (CRUCH) pasaron de poco más de 20 mil a casi 30 mil funcionarios no académicos. En el mismo período, las jornadas completas académicas crecieron de unas 11 mil a más de 17 mil. Ambos estamentos crecieron, pero el personal no académico siempre fue mayoritario: cerca del 63% del total en 2016. El peso del gasto en personal académico dentro del gasto combinado en ambos estamentos bajó de 63% a 54%.  En el modelo de financiamiento universitario chileno, el gasto en personal (tanto académico como no académico) suele absorber entre el 65% y el 80% del presupuesto operativo total de una institución.

Es interesante lo que el estudio plantea como posibles causas del incremento del estamento administrativo en las universidades, esto es, la incorporación de estructuras organizacionales vinculadas a políticas de acreditación y financiamiento que fueron requiriendo nuevas áreas de rendición de cuentas, con su respectiva dotación de personal. En la actualidad, y agregado a lo anterior,  la implementación de normativas por exigencias sociales —como los protocolos de género, convivencia y rendición de cuentas ante la Superintendencia de Educación Superior— también ha ampliado la carga administrativa y documental de las instituciones, lo que trajo consigo la creación de más y nuevas estructuras burocráticas para atender las nuevas demandas.

En ese contexto de incremento de estructuras organizacionales y de personal, hay un vacío que no podemos obviar. Sucede que desde 2016, el anuario CRUCH dejó de recoger datos sobre personal no académico y no hay datos posteriores accesibles. Sin embargo, todo hace suponer que estas nuevas estructuras burocráticas han incrementado aún más la dotación del estamento administrativo, lo que es preocupante en un escenario de estrechez financiera que se podría incrementar más aún según la Ley de Presupuesto actualmente en discusión en el Congreso Nacional.

Como sea, la conversación ya está instalada y es un pendiente que las universidades públicas (las más afectadas por la crisis de financiamiento) deben resolver. Lo anterior significa preguntarnos qué equilibrio queremos en términos  de lograr que cada función administrativa se traduzca en mejor docencia, mejor investigación, mejor administración y por sobre todo, mejor experiencia estudiantil; antes que ser pasivas y burocráticamente  reactivas, a demandas de regulación por parte del Estado.  La buena gestión debe ser una aliada de la misión universitaria y la discusión útil está en diseñar procesos que cuiden el tiempo de todos sin perder el foco de la esencia de la universidad.

Retomar un levantamiento sistemático de indicadores de y para la gestión en función de la misión universitaria,  con la participación de académicos, profesionales, estudiantes y autoridades es un primer paso si como país queremos universidades más fuertes. En esa perspectiva vale la pena evaluar no solo cuánto se exige, sino también cuánto cuesta cumplir. Hacerlo en conjunto parece el mejor camino.

Ricardo Herrera Lara, PhD.
Director Observatorio Educación Superior
Universidad de La Frontera

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